Un Plan para el Ambiente Cubano (II), Carlos Alberto Martínez Muñoz.

Carlos Alberto.jpg

El Condado, Santa Clara, 11 de enero del 2013, (FCP). Varias de las medidas propuestas e implementadas bajo la égida del Plan Bush ocasionan un impacto negativo en la economía cubana. Y está más que claro que cuando hay recortes presupuestarios, lógicamente se priorizan los servicios básicos a la población mientras las demás esferas quedan relegadas.

Es por esta sencilla razón de causa-efecto que, aunque el Plan Bush no contiene ninguna medida directa dirigida a entorpecer el quehacer ambiental en el país, existe una afectación indirecta al ambiente. Afectación que se expresa en el hecho de que hay menos dinero disponible para la conservación de la Naturaleza.

Por otra parte, el Plan Bush contiene un capítulo dedicado por entero a los factores que provocan una disminución de la calidad del ambiente cubano. Dicho capítulo, que se titula “Atendiendo la Degradación Ambiental”, es muy completo, pues consta de 64 páginas y 63 recomendaciones.

Situado en un contexto histórico, el capítulo narra cómo el gobierno cubano creó en 1976 la Comisión para la Protección del Medio Ambiente y la Conservación de Recursos Naturales (COMARNA). También señala acertadamente que, ante la falta de autoridad independiente, esta solo obtuvo escasos resultados.

Dicen por ahí que la historia se repite, y lo mismo pasó con la nueva estructura institucional creada en la última década del siglo XX. En 1994 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), el cual heredó el talón de Aquiles de la COMARNA, la falta de autoridad independiente.

El informe de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre plantea que las responsabilidades sobre medio ambiente fueron distribuidas entre ocho ministerios y describe la nueva estructura institucional del CITMA. Además acota la falta de claridad sobre cuán efectivas son las leyes cubanas en este aspecto.

Internacionalmente reconocido es el Derecho Ambiental cubano, por lo avanzado de sus concepciones. Pero, expone el informe, al régimen de Castro le faltan la voluntad política y los medios para aplicar sus leyes ambientales de forma efectiva.

Varios temas deberán recibir atención en una Cuba post-Castro. Entre ellos se encuentran las reclamaciones de individuos privados sobre los daños al medio ambiente, la devolución de la autoridad del gobierno, y la adecuada participación pública en la toma de decisiones sobre el medio ambiente.

La participación pública en la toma de decisiones sobre medio ambiente es la gran asignatura pendiente de la política ambiental cubana. Si bien está expresada en la Ley 81 del Medio Ambiente, la participación pública está en cero, y el acceso a la información en menos uno.

De la falta de autoridad para qué hablar más, sin contar con que no se puede ser juez y parte. En cuanto a las reclamaciones de individuos privados sobre los daños al medio ambiente, la gran limitante es la concepción tradicional estrecha de que quien recibe directamente el daño es quien puede reclamar.

La Naturaleza cubana merece un futuro mejor, o mejor dicho, merece un futuro. Hacia ese futuro, aun lejano pero indudablemente luminoso, apuntan las acciones a medio y largo plazos que propone el “Plan Bush”.

About these ads

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s