No Matarás, Quinto Mandamiento (I), Carlos Valhuerdi Obregón.

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Santa Catalina, Santa Clara, Villa Clara, 30 de noviembre de 2012, (FCP). “La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios, con el que permanece en una especial relación, ya que es su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a ningún ser humano inocente” (Donum vitae 5).

Precisa la Biblia lo que el quinto mandamiento prohíbe: “No quites la vida del inocente y justo” (Ex 23, 7). El homicidio voluntario de un inocente es contrario a la dignidad del ser humano y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee validez universal y obliga a todos y cada uno, siempre y en todas partes.

En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto: “No matarás” (Mt 5, 21) y añade su rechazo absoluto de la ira, del odio y la venganza. Cristo va más allá cuando exige a sus discípulos presentar la otra mejilla (Mt 5, 22-39) y amar a los enemigos (Mt 5, 44). En su pasión lejos de encolerizarse pedía: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que han hecho” (Lc 23, 34).

José Martí en “El Presidio político en Cuba”, al referirse a los carceleros colonialistas expresó: “…dejadme que os desprecie, ya que en nombre de mi Dios no puedo odiar a nadie”. Sin embargo, los Castro han querido saturar de odio a este país, en las escuelas a los niños, desde la más temprana edad, se les inculca odiar a todo aquel que no responda a los ideales de la tiranía.

No constituye una excepción a la prohibición de muerte el homicidio voluntario en caso de legítima defensa de las personas y las sociedades. En estos casos la acción de defenderse entraña un doble efecto: uno es la conservación de la vida, el otro la muerte del agresor. Solamente es querido el uno; el otro no, por lo que debe aplicarse cuando no haya más remedio.

Amarse a sí mismo es el principio fundamental de la moralidad. Es legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se vea obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Aunque si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita, pues esta debe ser mesurada.

Puede la legítima defensa no ser solamente un derecho, sino un deber grave para aquellos que lleven sobre sí la responsabilidad de la vida del otro, del bien común de la familia o de la sociedad. Este aspecto atañe a los médicos con su Juramento Hipocrático, a los maestros y padres de familia, también a los soldados y a los jueces.

Algunos crímenes se catalogan de especialmente graves por los vínculos naturales que destruyen, como el infanticidio, el fratricidio, el parricidio y el homicidio del cónyuge. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un “pecado que clama venganza al cielo” (Gn 4,10). Intereses de eugenesia o salud pública no justifican el homicidio, aunque lo ordene la autoridad.

El asesinato político de opositores pacíficos y de personas inocentes que han tratado de escapar del régimen de terror implantado por la dictadura castrocomunista (Vg. hundimiento del Remolcador “13 de Marzo”), son prácticas comunes aquí. También las torturas en cárceles y salas de psiquiatría de la Isla constituyen graves violaciones a la dignidad humana.

Respetar y proteger la vida humana desde su concepción es una necesidad imperiosa de los tiempos modernos. Desde ese primer momento se le debe reconocer sus derechos de persona a los seres humanos, entre los que se encuentra el derecho inviolable de todo ser viviente a la vida. “Antes de haberte formado yo en el seno materno, ya Yo te conocía” (Jr 1,5; Sal 22, 10; 139, 15).

Desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral del aborto provocado: “No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido” (Didajé 2,2; Bernabé epístola 19, 5; Tertuliano apología 9; Epístola a Diogneto 5,5). Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable, pues es contrario a la ley moral.

Aconsejar el aborto o cooperar con el constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. “Quien procura el aborto, si este se produce, incurre en excomunión latae sententiae” (Codex Iuris Canonici, canon 1398). Con esta medida la Iglesia no limita la misericordia, sino que pretende manifestar la gravedad del crimen.

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