Alianza Democrática Cubana (ALDECU). Declaración.

Los miembros del grupo plural de análisis ALDECU (Alianza Democrática Cubana) que firmamos al pie, estamos emitiendo el presente documento con el fin de referirnos al tema de algunas de las aplicaciones prácticas que las autoridades castristas han hecho de las nuevas disposiciones migratorias vigentes.

 Como se sabe, hace menos de un mes entraron en vigor el Decreto-Ley Nº 302 y otros cuerpos legales dictados para modificar el régimen migratorio internacional imperante en el país. Estas disposiciones fueron bien acogidas por nuestros compatriotas del Archipiélago (la generalidad de los cuales resultó beneficiada por esas nuevas normas). Ellas también han recibido una valoración positiva de autoridades extranjeras, que han querido ver en la eliminación del tristemente célebre “permiso de salida” o “tarjeta blanca” un paso concreto del régimen castrista encaminado a adecuar sus reglas migratorias a las disposiciones internacionales que rigen en esta materia, tales como el apartado segundo del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 Sin embargo, las acciones realizadas en estas últimas semanas por los oficiales del Ministerio del Interior cubano han puesto de manifiesto que, en lo esencial, las cosas permanecen igual; que, en realidad, lo único que ha cambiado es el modus operandi que ellos utilizan: Siguen arrogándose la facultad de autorizar o no los viajes de sus súbditos al extranjero, sólo que el método que emplean ha cambiado.

 Ejemplo de lo anterior es la arbitraria negativa que sufrió ayer jueves la única dama perteneciente a nuestro grupo plural de análisis, Gisela Delgado Sablón, cuando acudió a la sede nacional del Departamento de Inmigración (sic) a fin de conocer si estaba autorizada o no para realizar una visita familiar a sus ancianos padres, su hija y otros parientes, residentes en los Estados Unidos de América.

 En esa ocasión, nuestra compañera recibió de la oficial (con grados de mayor) que la atendió una rotunda negativa, acompañada por algunas expresiones ofensivas, tales como las especulaciones realizadas por la referida funcionaria acerca de la posible pertenencia de Gisela a los “grupúsculos contrarrevolucionarios” y a su hipotética condición de “mercenaria”.

 A lo anterior se une la actitud prepotente y nada profesional asumida por la susodicha oficial, la cual, en lugar de limitarse a expresarle a la interesada si estaba incluida o no en la lista de personas a las que se les prohíbe viajar (y, en caso afirmativo, a informarle en virtud de qué precepto legal se le vedaba hacer uso de su derecho), se dedicó a especular sobre que —supuestamente— la propia señora Delgado Sablón “debía saber por qué no se le autoriza a salir del país”.

 Como queda dicho, nuestra compañera sólo pudo recibir la información en la oficina nacional, ya que la del municipio en el que reside no cuenta con esos datos. En el caso de Gisela, lo anterior sólo representó una molestia pequeña, por residir en esta capital; pero podemos imaginar el tremendo engorro que ello puede significar para un compatriota avecindado en zonas apartadas del interior.

 La arbitraria negativa sufrida por la señora Delgado Sablón se une a la denegación recibida por el también miembro de ALDECU José Daniel Ferrer García, preso de conciencia (reconocido como tal por Amnistía Internacional) que actualmente se encuentra disfrutando de licencia extrapenal. Unos días antes, igual respuesta adversa había recibido nuestro hermano de ideales Ángel Moya Acosta, cuyo status legal es igual al de José Daniel.

 En estos otros dos últimos casos, es cierto que —como queda dicho— se trata de compatriotas sujetos a sendas sanciones penales (absolutamente arbitrarias —es verdad—, ya que les fueron impuestas por el mero hecho de discrepar del régimen imperante y expresarlo; pero, en definitiva, sanciones penales vigentes). No obstante, no podemos dejar de señalar que, si ambos optaran por emigrar (al igual que hizo la mayoría de los integrantes del Grupo de los 75), no tendrían dificultad alguna para obtener su pasaporte y abandonar con carácter definitivo el Territorio Nacional.

 En opinión de nuestro grupo plural de análisis, todas estas medidas del gobierno de La Habana ponen de manifiesto que, contra lo que algunos han querido pensar, el régimen castrista continúa arrogándose la facultad de determinar a cuáles de sus súbditos permite viajar al extranjero y a cuáles no.

 En los casos a los que nos hemos referido en el presente escrito (y, en especial, en el de Gisela Delgado Sablón, que no está sujeta a ningún proceso o sentencia penal), se demuestra que las autoridades nacionales siguen aplicando esas facultades que ellas mismas se han autoconcedido de manera arbitraria, pues se consideran en el derecho de prohibir las salidas del país de —entre otros— quienes discrepan de sus políticas y lo expresan abiertamente.

 Los miembros de la Alianza Democrática Cubana consideramos que lo anterior constituye un atropello incalificable, que condenamos con toda energía. Exhortamos a la opinión pública nacional e internacional que tome esto en cuenta y se pronuncie, en su caso, en este mismo sentido.

 La Habana, viernes 8 de febrero de 2013

 En nombre del grupo plural de análisis ALDECU:

 Félix Antonio Bonne Carcassés

Gisela Delgado Sablón

Guillermo Fariñas Hernández

José Daniel Ferrer García

René Gómez Manzano

Iván Hernández Carrillo

Félix Navarro Rodríguez

Héctor Palacios Ruiz

Elizardo Sánchez Santa Cruz

(NOTA: Esta Declaración no ha podido ser circulada hasta el lunes 11 de febrero, debido a las limitaciones que el régimen totalitario castrista ha establecido sobre el acceso a internet de sus súbditos.)

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