Detenciones Ilegales (II y final), Rolando Ferrer Espinosa.

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Camino a Vegas Nuevas, Santa Clara, Villa Clara, 1 de Febrero de 2013, (FCP). El Delito de Privación de Libertad está presente en el actuar de la Seguridad del Estado. El Código Penal, en su Artículo 279.1, establece sanción: “Al que, sin tener facultades para ello y fuera de los casos y de las condiciones previstas en la Ley, priva a otro de su libertad personal”. Como pena se asignan de dos a cinco años de Privación de Libertad.

Muchas veces, “el delito se realiza con propósito de Lucro o de Venganza”, lo que se aprecia constantemente en los represores, cuyos jefes han sembrado el odio en sus corazones, al darles la orientación de que los opositores son el gran enemigo que sirve a los EE.UU. El Código establece, en su Artículo 279.2, de cuatro a diez años de Privación de Libertad por este delito.

Por motivos de las contantes detenciones, los opositores sufren disímiles daños, en especial a su salud, por las condiciones desfavorables de las celdas de las unidades policiales y la violencia aplicada en los arrestos. Constituye un delito, según el Artículo 279.2 b) del Código Penal: “si el hecho resulta grave daño para la salud, la dignidad o el patrimonio de la víctima”.

Juan Wilfredo Soto García fue la víctima fatal de un brutal e indebido arresto. Los sicarios del régimen lo golpearon, le causaron traumas en su páncreas y la muerte. El Artículo 279.3 dice: “La sanción es de privación de libertad de cinco a doce años, si como consecuencia, resulta la muerte de la víctima, siempre que este resultado haya debido preverse por el agente.”

“Si el culpable pone en libertad espontáneamente al detenido o privado de libertad dentro de los tres primeros días de perpetrado el hecho, sin haberle causado ningún daño ni logrado el fin que se propuso”, la sanción es, según el Artículo 279.4 a), de privación de libertad de seis meses a dos años o multa. Según el Artículo 279.4. b), la pena es de dos a cinco años.

También está regulado el tiempo de estancia, parámetro colosalmente violado en todo el territorio nacional. Los opositores pacíficos son detenidos sin causa legal, luego permanecen en las celdas de unidades policiales, centros de investigación y prisiones sin haber sido encausados. Son amenazados con ser procesados por delitos diversos que en realidad no proceden.

Claramente queda expresado lo anterior como violación de los militares en el Artículo 280.1. “La autoridad o su agente que, dentro del plazo legal, no ponga en libertad o a disposición de la autoridad competente a un detenido”, incurre en sanción de Privación de Libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas.

También trata sobre ello el Artículo 280.2: “En igual sanción incurre el funcionario público que, teniendo competencia, no deje sin efecto una detención, que no ha elevado a Prisión Provisional, dentro del plazo legal.” Esto se refiere especialmente a Fiscalía y Tribunales en todas las instancias, que conocen del proceder violatorio de la Seguridad del Estado y no actúan.

Ilustra igualmente nuestra exposición, lo previsto en el Artículo 281. Este instituye que: “La autoridad o su agente que, por negligencia inexcusable, no ponga al detenido en libertad o a disposición de la autoridad competente, dentro del plazo legal”, incurre en sanción de Privación de Libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.

No sólo se comete el delito de Privación de Libertad a los Opositores en la calle. Ya sancionados y llegado el momento de salir en libertad por los procedimientos del Código Penal en esta materia, se les obstruye la salida con pretextos inventados para justificar el fin, que es menoscabar y destruir a la persona humana.

Como ejemplo de arbitrariedad del Funcionamiento Estatal, está lo legislado en el Artículo 282. “La autoridad o su agente que prolongue indebidamente el cumplimiento de una Resolución en la que se disponga la libertad de un detenido, preso o sancionado”, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

Agregamos lo legislado en el Artículo 283. Según este, se sanciona con Privación de Libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas, “al director del establecimiento penitenciario que: a) reciba en calidad de preso o sancionado a una persona, a no ser por orden dictada por autoridad o tribunal competente”.

También en el Artículo 283 b) se dice que comete delito quien “no conduzca ante la autoridad o tribunal un detenido o preso, cuando haya sido reclamado en virtud de una resolución dictada en un proceso de habeas corpus o cualquier otra análoga”. La Ley es precisa en sus enunciados, los agentes y funcionarios que representan al Estado pueden ser sujetos de Delito y encausados.

No pocos son los casos donde, sin Resolución de Sentencia Firme por un Delito cualquiera, han sido llevados a Prisión Opositores Pacíficos, quienes sufren el rigor de sus celdas y del Sistema Carcelario. Esta violación de la llamada Legalidad Socialista es muestra clara de la impunidad con que el Delito de Privación de Libertad está presente en el actuar de la Seguridad del Estado.

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