Un Plan para el Ambiente Cubano (IV), Carlos Alberto Martínez Muñoz.

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El Condado, Santa Clara, 25 de enero del 2013, (FCP). A las recomendaciones generales de acciones a medio y largo plazos, contenidas en el Plan Bush, les siguen las caracterizaciones de varias esferas ambientales específicas. Cada una de ellas es presentada con sus problemas y recomendaciones particulares.

Un acápite muy importante es el que versa sobre las Evaluaciones de Impacto Ambiental y las Licencias Ambientales. Estos son dos instrumentos jurídicos cuyo objetivo principal es establecer mecanismos para regular las actividades que puedan tener impactos negativos sobre el entorno.

La Resolución 168 del 15 de septiembre de 1995 puso en vigor el Reglamento para la realización y aprobación de las Evaluaciones de Impacto Ambiental y el otorgamiento de Licencias Ambientales. Dicha resolución fue dictada por la Dra. Rosa Elena Simeón Negrín, titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).

No obstante, las experiencias prácticas derivadas de la instrumentación de la Resolución 168/95, así como la promulgación de la Ley de Medio Ambiente en 1997, aconsejaban la necesidad de incorporar modificaciones. Entró en vigor entonces el “Reglamento del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental”, por la Resolución No 77 / 99.

Formalmente, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento que tiene por objeto evitar o mitigar la generación de efectos ambientales indeseables. Los efectos mencionados serían la consecuencia de planes, programas y proyectos de obras o actividades de muy diversos tipos.

Para ello se deben estimar previamente las modificaciones del medio ambiente que traerían consigo tales obras o actividades. En dependencia del nivel de impacto y de si el mismo implica o no un daño grave o irreversible, se deniega la licencia necesaria o se concede bajo ciertas condiciones, según proceda.

La EIA debe incluir información detallada sobre el sistema de monitoreo y control para asegurar su cumplimiento y sobre las medidas de mitigación que deben ser consideradas. Representa un medio para alcanzar el desarrollo sostenible, pues permite introducir la variable ambiental en los programas de desarrollo y en la toma de decisiones sobre los proyectos.

Por otra parte, la Licencia Ambiental es el documento oficial otorgado por el Citma para ejercer el debido control al efecto del cumplimiento de lo establecido en la legislación ambiental vigente. Este documento contiene la autorización que permite realizar la obra o actividad.

Luego de mencionar el mecanismo del Citma para obtener Licencias Ambientales, el Plan Bush hace notar que no existen disposiciones para la participación pública. Tampoco cuenta con disposiciones que permitan al público apelar por no haberse hecho un análisis correcto o completo antes de otorgar una licencia.

Como bien se plantea en el Plan Bush, el régimen de Castro subordina las preocupaciones del medio ambiente a su estrategia de supervivencia económica. Las decisiones sobre proyectos de desarrollo económico en Cuba se toman sobre la base de lo que beneficia al régimen, y no necesariamente sobre el impacto de proyectos ambientales.

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