Revolución y Derechos Humanos (V), Rolando Ferrer Espinosa.

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Camino a Vegas Nuevas, Santa Clara, Villa Clara, 6 de septiembre de 2013, (FCP).Desde el mismo triunfo de los Castro en su lucha por el poder, sus adversarios han sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hay que buscar la historia verdadera, la que cuentan los personajes reales de las odiseas originadas por estos locos con ansias de poder que se autodenominaron “revolucionarios”, y han hecho sufrir a todo un pueblo por más de 54 años al sumir la nación en gran pobreza.

La Declaración Universal de Derechos Humanos expone en su Artículo 5 que: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. A pesar de ser Cuba consignataria de esta Declaración, constantemente se viola dicho enunciado por parte de los efectivos de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), las Tropas Especiales del Ministerio del Interior y los sicarios de la Seguridad del Estado.

En las detenciones que realizan los mencionados efectivos militares, cometen excesos de violencia contra los detenidos. Las personas apresadas son víctimas de golpizas innecesarias, se les insulta con palabras obscenas y frases que denigran su condición humana y la moral, se destaca sobremanera la ruda represión cuando se trata de apresar a ciudadanos defensores de los Derechos Humanos en el reclamo de los derechos violentados.

Durante los Procesos de Instrucción se aplican torturas físicas y psíquicas por parte de los instructores y el personal a cargo. Con la finalidad de obtener, a toda costa, la Declaración del Acusado, se llega hasta a golpear a los sospechosos recluidos en las celdas de los Departamentos de Investigación, así como el uso de las torturas psíquicas combinadas con la coacción y las amenazas, se hace influencia forzosa en la psiquis hasta acorralar al acusado en su propia mente y que admita su culpa, sea real o no.

El más abierto, inminente y preocupante sometimiento a torturas, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, es el que se realiza en las prisiones castristas. Los esbirros más sanguinarios y perversos se pueden encontrar tras los muros de los centros de reclusión, donde a sus anchas hacen y deshacen sin que se les pida cuentas, los reos son víctimas de los malos tratos de palabras y las golpizas con objetos contundentes como tubos, maderos, y cuanto objeto se encuentren en su camino los guardias a la hora de golpear.

Prácticamente dentro de las prisiones se lleva una vida, si es que así se le puede nombrar, inusual, lejos de cualquier suposición o imaginación humana, muy de estos lugares, donde se deja de ser persona para convertirse en nada. Los internos están en una incertidumbre total, a expensas de la ocurrencia de un hecho de sangre, de que irrumpan los guardias en grupo para requisas o dar golpes por cualquier motivo, donde cualquiera puede terminar en las celdas de castigo o en la enfermería.

Los ciudadanos, de forma general, también están sujetos a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No se necesita el cometer un delito para ser una víctima en relación con este Artículo de la Declaración, pues la no existencia de un Estado de Derecho propicia que se cometa contra una determinada persona indebidamente, negligentemente, “por error”, una injusticia imposible de salvar o restaurar física y espiritualmente.

Nuestro Sistema de Leyes está regido por la Constitución como base legal que traza la política individual de cada tipo. A colación con lo tratado por el Artículo 5 de la Declaración, la Carta Magna en su Artículo 58 expresa al respecto: “La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal”.

Continúa sobre el tema la Ley de Leyes con el Artículo 59: “Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen. Todo acusado tiene derecho a la defensa. No se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar. Es nula toda declaración obtenida con infracción de este precepto y los responsables incurrirán en las sanciones que fija la ley”.

Prosigue la Constitución con el Artículo 63: “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley”. Entonces ¿por qué cuando dirigimos quejas a instituciones estatales como la Asamblea Provincial del Poder Popular, somos detenidos con violencia y dejados botados en las afueras de la ciudad sin ser atendidos por los dirigentes como estipula esta ley?

Concluye este Capítulo VII de la Constitución con el Artículo 66 que alerta: “El cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes es deber inexcusable de todos”. Sin embargo los funcionarios del Ministerio del Interior hacen caso omiso a la existencia de todas estas regulaciones legales, son violadores de los Derechos Humanos referidos en la Declaración Universal, establecidos por las Naciones Unidas desde el 10 de diciembre de 1948, así como de la Constitución de la República de Cuba.

En las detenciones, realizadas por los efectivos militares, son frecuentes los excesos de violencia contra los detenidos.

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