Revolución y Derechos Humanos (VI), Rolando Ferrer Espinosa.

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Camino a Vegas Nuevas, Santa Clara, Villa Clara, 13 de septiembre de 2013, (FCP).El Artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. El gobierno totalitario de los hermanos Castro nunca ha llevado a la práctica este precepto legal, en Cuba las personas son como una especie de objetos inanimados.

La Constitución de la República da la posibilidad al aparato estatal de hacer lo que pretenda y de hacerlo legalmente. La forma en que fue confeccionado el Cuerpo Legal Constitucional permite al Estado, siempre, imponerse ante cualquier reclamo popular, siendo esta la principal expresión del No Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de la ciudadanía.

Toda persona reconocida como Opositor al Régimen o que no se integre al sistema político imperante, se le priva de su Personalidad Jurídica. Por razones de política estatal, estas categorías de personas tienen limitados sus movimientos, se les limita el acceso a tramitaciones legales en Procesos Penales o Civiles y prácticamente se les deja sin Capacidad Jurídica.

Tampoco el régimen permite que los referidos opositores participen de la actividad de gobierno. Estas personas quedan excluidas de los Procesos de Elecciones a todos los niveles, ni siquiera participan en la elección del Delegado al Poder Popular de la Circunscripción, el cual es el más simple eslabón de la estructura de gobierno.

Además se agrega que estos ciudadanos no pueden ser elegidos como Candidatos a Delegados u otra opción de la actividad de gobierno. La Seguridad del Estado se encarga de que no sea elegido alguien con posiciones políticas diferentes a los intereses del régimen, para lo cual ellos tienen su Sistema de Control al efecto y dictaminan cuándo no se acepta una posible proposición.

Como se puede apreciar, en Cuba se viola este Artículo de la Declaración. Es tácitamente expuesto que no todo ser humano tiene Derecho al reconocimiento de su Personalidad Jurídica, puesto que para ello tendría que disfrutar de la Capacidad de participar en el gobierno de su país en todas las manifestaciones posibles, como un miembro más de la Sociedad Civil.

Muy relacionado con los argumentos expresados en los párrafos anteriores está la violación del Artículo 7 de la propia Declaración. En este acápite se expresa textualmente: “Todos son iguales ante la Ley y tienen, sin distinción, Derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.

Realmente en la Isla todos no son iguales ante la Ley. El andamiaje legal protege en primer lugar a los dirigentes. Dicha protección es directamente proporcional a la magnitud del cargo que ocupan, así también respalda a los funcionarios del Estado, dígase en esta categoría a los represores del pueblo que golpean y asesinan a opositores pacíficos.

Es meritorio hacer mención además a la Discriminación Religiosa. Tradicionalmente el Sistema Político cubano ha perseguido a las diferentes manifestaciones religiosas arraigadas en la población, por no estar estas fundamentadas en la Ideología Marxista-leninista, viéndolas como posible alimento a una quinta columna contra el Estado Comunista, tan es así que en el Órgano Central del Partido Comunista tienen una Oficina de Control de Asuntos Religiosos.

La implementación del miedo ha sido por el método de Discriminación a la Opinión. El uso de la fuerza represiva contra los que se oponen a la política de gobierno, la intimidación mediante los juicios y medidas activas como ejemplo a la población civil, han dado al traste con los años en el poder del totalitarismo castrista. La orden queda clara, no se puede hablar mal del sistema.

Como una paradoja, la Constitución cubana dice en sus Artículos 41 y 42 respectivamente: “Todos los ciudadanos gozan de iguales Derechos y están sujetos a iguales deberes”. “La Discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la Ley”.

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