Revolución y Derechos Humanos (XV), Rolando Ferrer Espinosa.

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Camino a Vegas Nuevas, Santa Clara, Villa Clara, 15 de noviembre de 2013, (FCP). En Cuba los ciudadanos con problemas físicos, mentales, económicos, y los ancianos, pasan gran trabajo para obtener la atención de Seguridad Social. El proceso de aceptación para el amparo estatal de las personas es engorroso y se demora en la llegada a sus manos, se desconoce los parámetros que se tienen en cuenta para asignarlo a cada caso.

Son varios los ejemplos de enfermos mentales y otras categorías de necesitados con impedimentos para trabajar que se les retiró la asistencia social después de la implementación de recortes del presupuesto estatal en esta esfera, así como los que nunca han recibido la ayuda del Estado. No existe una política adecuada de Seguridad Social ni la intención gubernamental.

Esto ocurre en Cuba, a pesar de que en la Declaración de Derechos Humanos, el Artículo 22 dice: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene Derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

Otro dato significativo del actuar de la dictadura cubana, y que contraviene a lo planteado en la Declaración, es el aislamiento de la población del conocimiento y participación en la organización y el destino de los recursos económicos del Estado. Asimismo sucede con la satisfacción de los Derechos económicos, sociales y culturales.

Como en forma de burla a la ciudadanía de la Isla, en la Constitución de la República, Artículo 48 se expresa: “El Estado protege, mediante la asistencia social, a los ancianos sin recursos ni amparo y a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda”.

La realidad cubana difiere del contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de su Carta Magna. En Cuba las personas son expulsadas de sus puestos de trabajo arbitrariamente, por ejemplo, debido a que la persona piense diferente del régimen y abogue por un cambio de forma pacífica, además de que no se les permite ocupar cargo de dirección laboral. Esto sin contar con los que por falta de oferta son despedidos o no encuentran trabajo.

Lo anteriormente expuesto se muestra con el Artículo 23, inciso 1 de la Declaración, que dice: “Toda persona tiene Derecho, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, prosigue con el Inciso 2: “Toda persona tiene Derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”.

Continúa el propio Artículo 23 con el inciso 3, que expresa: “Toda persona que trabaja tiene Derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de protección social”.

Además de en la Declaración Universal, encontramos este tema en la Constitución, en el Artículo 45 que refiere: “El trabajo en la sociedad socialista es un Derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano”. “El trabajo es remunerado conforme a su calidad y cantidad; al proporcionarlo se atienden las exigencias de la economía y la sociedad, la elección del trabajador y su aptitud y calificación; lo garantiza el sistema económico socialista, que propicia el desarrollo económico y social, sin crisis, y que con ello ha eliminado el desempleo y borrado para siempre el paro estacional llamado tiempo muerto”.

Concluye el Precepto Legal del Artículo 23 de la Declaración Universal con el inciso 4: “Toda persona tiene Derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. De todos es conocido la verdad, en Cuba no se permiten sindicatos independientes al sistema comunista, los existentes son regidos por el Partido Comunista de Cuba (PCC), que pone a los dirigentes, controla la organización y traza la política de cada sindicato.

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