Revolución y Derechos Humanos (XVII), Rolando Ferrer Espinosa.

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Camino a Vegas Nuevas, Santa Clara, Villa Clara, 6 de diciembre de 2013, (FCP). El Derecho a la Educación en Cuba no es para todos. Principalmente en el nivel Medio, Medio Superior y Superior, es donde no cualquiera puede estudiar en el centro de estudios y en la profesión que desea, pues existen limitaciones por intereses personales de los dirigentes, e intereses políticos estatales.

Los Opositores Pacíficos, así como sus familiares, y de forma general todo el que está marcado por una ideología diferente a la del sistema castrista, no puede aspirar a estudios universitarios. Simplemente no son aceptadas en las universidades cubanas estas categorías de personas, como tampoco en estudios vinculados a planes del régimen.

Como primera prioridad del sistema educacional está la instrucción política a los estudiantes, que incluye las edades tempranas en los Círculos Infantiles. El totalitarismo cubano se ocupa de crear las bases socio-sicológicas para explotar a las personas, pero convenientemente no incluyen en los planes de estudio la divulgación y conocimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual incumple uno de los primeros preceptos de la propia norma internacional.

Es de importancia vital para el régimen que las personas ignoren la Declaración. De la forma en que está dosificada la metodología del sistema educacional castrista, evita que las personas conozcan de los Derechos y Libertades que tienen, independientemente del sistema político imperante en el país, y que pretendan exigir al Estado por la implementación de los mismos.

El régimen cubano quita a los padres el Derecho de escoger libremente el tipo de educación para sus hijos. Prácticamente se priva de la Patria potestad a los progenitores sobre sus descendientes en el tema de la educación de los hijos, y hasta lo han incluido en el Derecho Penal como conducta delictiva, con su debida sanción, para los padres que se opongan a dicha directiva, lo que evalúan como “otros actos contrarios al buen desarrollo del menor”, Artículo 315, inciso 3.

Queda tácitamente demostrado que hasta con el uso del Sistema Jurídico, el Sistema político de la Isla viola los Derechos Humanos instituidos en la Declaración Universal. Ello ocurre con recargo de culpa para el régimen, al hacer Constitucionales los Derechos a la Educación sin limitaciones de tipo alguno y de plena igualdad para todos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos es precisa y a la vez detallada en la protección del Derecho a la Educación. En el Artículo 26, inciso (1) refiere: “Toda persona tiene Derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria”.

Prosigue el inciso (1): “La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. Luego nos expresa el inciso (2): “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales”.

Continúa el inciso (2): “favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y a todos los grupos étnicos o religiosos; promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. Concluye con el inciso (3): “Los padres tendrán Derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Nuestra Carta Magna en su Artículo 51 expresa respecto al Derecho a la Educación: “Todos tienen Derecho a la educación. Este Derecho está garantizado por el amplio y gratuito sistema de escuelas, seminternados, internados y becas, en todos los tipos y niveles de enseñanza, y por la gratuidad del material escolar, lo que proporciona a cada niño y joven, cualquiera que sea la situación económica de su familia, la oportunidad de cursar estudios de acuerdo con sus aptitudes, las exigencias sociales y las necesidades del desarrollo económico-social”.

Finaliza el Artículo 51: “Los hombres y mujeres adultos tienen asegurado este Derecho, en las mismas condiciones de gratuidad y con facilidades específicas que la Ley regula, mediante la educación de adultos, la enseñanza técnica profesional, la capacitación laboral en empresas y organismos del Estado y los cursos de educación superior para los trabajadores”.

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