Totalitarismo de Estado, (III y Final), Rolando Ferrer Espinosa.

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Camino a Vegas Nuevas, Santa Clara, Villa Clara, 17 de enero de 2014, (FCP). Para garantizar el carácter democrático de los gobiernos es imprescindible que este tenga distribuidos los tres poderes adecuadamente. De esta forma se evita que una sola persona pueda dirigir una nación, que además se encargue de hacer las normas jurídicas, y también aplique la Ley, tal y como ocurre en Cuba.

El régimen totalitario de los hermanos Castro se caracteriza por la concertación de los poderes en el presidente. Dicho mandatario, que además es ilegítimo por no ser elegido por el pueblo en elecciones libres y mediante voto secreto, tiene en sus manos el Poder Ejecutivo, máxima autoridad en las decisiones del país en todas las esferas de la vida política, social y económica.

Como presidente lo domina todo. Decide la política interna del país y la de las relaciones internacionales, es el jefe de Estado y de Gobierno, jefe del Consejo de Ministros, designa cada cargo para el Poder Popular, así como los Tribunales y Fiscalía a las distintas instancias. Todos se subordinan a él, sus designaciones no admiten la más leve oposición.

En Cuba no se puede tener una idea diferente a lo que decide el presidente. Los designios del jefe del Estado son de estricto cumplimiento, no se discuten ni se modifican, él no se equivoca ni comete errores, se idealiza la figura de esta persona al extremo de que quien lo contradice es sustituido con consecuencias jurídicas, se llega al comportamiento hipócrita de los subordinados.

Las personas que conforman el equipo de gobierno se limitan a repetir los discursos del presidente, a comportarse servilmente aunque no estén convencidos del éxito de las tareas y misiones. Con tal de no perder las prebendas que reciben por su cargo, permiten que se cometan errores, y el país va de un fracaso en otro, solo se avanza en los papeles cargados de mentiras.

El Capítulo X de la Constitución de la República de Cuba, con el subtítulo de Órganos Superiores del Poder Popular, contiene camuflado las ilimitadas atribuciones del presidente del Consejo de Estado, Consejo de Ministros y jefe de Gobierno. Del Artículo 69 al 101 se explica cómo una persona domina todo el poder ejecutivo con apego a Derecho Constitucional.

Guiándonos por la Historia del Estado y el Derecho y la aplicación del principio de Montesquieu, apreciamos como el Poder Legislativo llevado al escenario cubano debía estar en manos del Poder Popular. La realidad de la Isla es que el presidente es quien se encarga de legislar, al decidir cuándo y cómo se crean o modifican los Cuerpos Legales.

La Legislación o conformación de los Cuerpos Legales que norman en lo fundamental cómo regirse la sociedad y la economía, deben ser emitidas por especialistas al efecto para dar respuesta a necesidades sociales. En Cuba la jurisprudencia se subordina a los intereses políticos y los juristas solo se encargan de adaptar a Ley los designios del tirano.

Constitucionalmente se aparenta que los instrumentos jurídicos para crear o modificar la Ley se le atribuyen al Poder Popular. La propia Constitución, en su ambigüedad, le da la posibilidad al jefe de Estado y Gobierno de tener la verdadera y única competencia para la Iniciativa de las Leyes, por lo que se usurpa la competencia del pueblo en este sentido.

Ante cada crisis política, económica o social, el régimen se ha abogado el derecho a la Iniciativa de las leyes mediante Reformas Constitucionales, Leyes, Decretos-leyes, Decretos y Disposiciones. Estas movidas estratégicas le han permitido al gobierno totalitario, con respaldo legal, mantenerse en el poder y reprimir al pueblo.

Un ejemplo claro de estas movidas estratégicas del régimen en la implementación de la Iniciativa de las Leyes, lo es la Reforma Constitucional del 2002, que declaró irrevocable el socialismo como sistema político en Cuba. Esta Reforma derogó la Iniciativa de Leyes promovida por la Oposición mediante el Proyecto Varela, la cual se basaba en el Artículo 88 inciso g, que da la competencia a los ciudadanos que ejerciten la iniciativa en número de diez mil por lo menos, requisito que se sobrepasó, pero el tirano con la manipulación de la Ley no lo aceptó.

Los Tribunales deben tener en sus manos el Poder Judicial. También aquí se impone la fuerza del poder, pues el régimen Castro-comunista da las órdenes precisas a los tribunales para la ejecución de la Ley con excepciones, y el señor presidente desde su nube lanza rayos y centellas a quien se atreve a oponérsele, ordena aplicar el mayor rigor contra sus adversarios políticos.

El Sistema Judicial cubano establece las Partes en el Acto de Juicio Oral, por una parte el acusado y por la otra el afectado que ocasionalmente puede ser el Estado. Oficialmente los jueces no son parte, ellos evalúan los hechos expuestos por las partes para impartir justicia basándose en la Ley, al menos esto es lo que está normado.

Legalmente el fiscal representa los intereses del perjudicado, y el abogado de defensa representa al acusado. Fiscalía y los Bufetes de los abogados de defensa rinden cuenta ante el Partido Comunista, por lo que deben cumplir con los mismos principios, tienen los mismos intereses socio-políticos y están subordinados al mismo jefe que es el presidente del gobierno totalitario.

Asimismo los jueces tienen la misma filiación política y reciben órdenes del régimen comunista. Todo el Sistema Judicial cubano conforma una parte para sancionar al acusado en el Acto de Juicio Oral, se convierte en una terrible máquina asesina que pulveriza a los Opositores Pacíficos por la orden del presidente de la nación.

Cuba necesita un profundo Cambio para que exista un Estado de Derecho. El pueblo cubano se encuentra a merced de un régimen totalitario que viola los Derechos Humanos de los ciudadanos, con un Sistema Económico, Social y Político inoperante que responde a los intereses de la cúpula gobernante, la cual no quiere ceder en su empeño y reprime brutalmente a sus adversarios.

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