Falta de justicia y equidad en el sistema, Alexander Andrade Guimbarda.

Alexander

Santa Catalina, Santa Clara, 30 de mayo de 2014 (FCP). En el transcurso de la última serie nacional de beisbol cubano ‒el lunes 17 de febrero‒ se produjo un violento incidente en el estadio Victoria de Girón. En este se vieron involucrados peloteros de los equipos de Matanzas y Villa Clara.

Ocurrió cuando el lanzador Fredy Asiel Álvarez, propinó un pelotazo con un lanzamiento pegado al bateador Víctor Víctor Mesa. Este, en vez de dirigirse a la inicial, como le correspondía, corrió hacia su banca, a la vez que, como en una bien ejecutada jugada de corrido y bateo, el jugador Demis Valdés Galarraga salía de allí con un bate en las manos y la intención de agredir al pícher.

Con el fin de impedir que se consumara la agresión contra su compañero de equipo, el inicialista Ramón Lunar trató de interponerse en el camino de Galarraga. Por esto recibió los golpes que iban dirigidos al mencionado lanzador, lo que le causó graves lesiones que pudieron poner en peligro su vida, pues los golpes fueron en la región facial de la cabeza.

Casi todos coinciden en que la mayor responsabilidad de que sucedan hechos como este en nuestros estadios recae en la Dirección Nacional de Béisbol, por su errático proceder. Esta, por su parte, decidió suspender por todo lo que quedaba de la Serie 53 al pícher Fredy Asiel Álvarez, lo mismo que a Osvaldo de Paula Arias Lazo, arbitro principal del partido.

A la mayoría de los aficionados estas medidas les resultaron excesivas. Sin embargo, la conducta francamente delictiva de Galarraga, solo fue castigada con la suspensión por un año de participar en eventos deportivos nacionales e internacionales, a pesar de que su actuación criminal provocó graves daños, físicos y psicológicos, a otro atleta.

Traigo a colación este hecho conocido por todos, para que me sirva de ejemplo de lo que quiero demostrar. Se trata de la falta de justicia y equidad existente en el sistema de leyes imperante en Cuba, lo cual no es más que el resultado de un régimen injusto que no responde a los intereses de la sociedad, sino a los de un grupo reducido de individuos que controlan el poder político.

El Sistema Jurídico Penal cubano en su concepción carece de medida administrativa de Indemnización por daños causados por la acción u omisión entre las personas naturales. Esto no es así en la relación ciudadanos-Estado, y de forma general con las Personas Jurídicas.

Entre las personas naturales solo se impone la medida accesoria de (Resarcimiento) o reparación de daños materiales. Esto consiste en el pago de pequeñas sumas de dinero, que se le descuentan al sancionado de sus ingresos, lo cual puede durar tiempos prolongados en cumplimentarse por la corta cuantía de las cuotas en cuestión, por lo que el perjudicado casi no ve ese dinero.

La óptica del Legislador Comunista es que nadie (Personas Naturales), pueda obtener una elevada suma de dinero. Lo que sucede es que temen del poder de la economía individual como posible adversario o competidor contra el Estado del Régimen Totalitario, en el terreno de la producción de bienes materiales de uso y consumo, así como en el de la política.

En su afán controlador, por necesidad política, el Estado cubano norma ser el intermediario permanente entre los acreedores y deudores, pues decide cuándo y en qué cuantía se aplica el resarcimiento. Este siempre es tan insignificante que, prácticamente, no preocupa al deudor ni motiva al acreedor o perjudicado.

La Ley anglosajona y de forma general los sistemas jurídicos penales del mundo, conciben la indemnización como una medida eficiente y educativa, donde el acreedor o perjudicado obtiene con rapidez la reparación del daño causado por el deudor o acusado, y por lo cual, se precisa el desembolso de grandes sumas de dinero en poco tiempo. De esto se cuidan todos los individuos y aquí, precisamente, radica el carácter educativo del uso de este tipo de sanción.

Los comunistas ven con desagrado todo lo relacionado con la formación de capital individual. Tampoco es posible aplicar este sistema en la Isla, debido a que pocos poseen capital para enfrentar una seria indemnización monetaria, aunque esta podría suplirse por otra medida de trabajo regulado por la Ley.

La promulgación de la Ley debe garantizar que toda conducta delictiva conlleve a una sanción, así muestra la eficacia de su existencia y el sentido preventivo profiláctico perseguido por el Derecho. Por lo tanto, el caso demuestra una vez más, como la injusticia y la inequidad prevalecen en un sistema diseñado solo para el beneficio de unos pocos.

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