Persecución y chantaje a cuentapropistas, Alexander Andrade Guimbarda.

Alexander

Santa Catalina, Santa Clara, 23 de mayo de 2014, (FCP). José Alberto Botel Cárdenas, residente en Santa Clara, se desempeña en la actividad de Carretillero Vendedor de productos agrícolas. Este trabajador por cuenta propia, denunció que es víctima del acoso de los inspectores estatales por su filiación a una organización no gubernamental.

Según Botel Cárdenas en dos años de trabajo en este empleo le han impuesto un total de diez multas, lo que promedia una cada 60 días y arrojan una cuantía de 2075 pesos en moneda nacional. Si tenemos en cuenta que el salario mínimo en Cuba es de 225 pesos al mes, esto equivale al sueldo de un año de trabajo de un obrero del sector estatal.

Botel debe pagar una patente de 272 pesos mensuales a la oficina de contribuyentes, que hacen un total de 3264 pesos anuales. También se queja de que no existe sindicato alguno que proteja los intereses de los trabajadores cuentapropistas.

Los vendedores de productos agrícolas ambulantes sufren el efecto de una legislación absurda, implementada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Esta dispone que para ejercer la actividad hay que estar en constante movimiento, es decir: está prohibido estacionarse.

Este trabajador plantea que una persona que labore durante ocho horas diarias al recorrer las calles, necesita tomarse tiempo para descansar, hacer necesidades fisiológicas e ingerir alimentos, y por lo tanto, tendrá que estacionarse en algún lugar. Entre los carretilleros está abusiva reglamentación es conocida como “La ley de los perros”.

Los inspectores del gobierno, pertenecientes a la Dirección Integral de Supervisión, se aprovechan de tal disposición y persiguen constantemente a estos trabajadores. Su objetivo es tratar de chantajearlos con el fin de recibir sobornos en forma de productos agrícolas, que por la situación de escases que existe en el país, se comercializan a precios bastante elevados.

Alega Botel que, en su caso específico, por ser miembro de una organización que trata de promover cambios sociales, políticos y económicos en la sociedad cubana actual, por vías no violenta, es víctima de represalias y chantajes. Cada vez que asiste a una reunión junto a otros activistas prodemocráticos, al día siguiente es multado, indefectiblemente, por inspectores del gobierno.

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